El Gobierno de Venezuela ha incrementado significativamente el cobro de impuestos y el ajuste de tarifas de servicios públicos al sector privado como estrategia para compensar la caída de los ingresos petroleros, provocada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la reciente salida de Chevron del país, informaron empresarios, gremios y analistas económicos.
La medida, que ocurre en medio de un clima económico ya desafiante para las industrias nacionales, ha generado preocupación entre los gremios empresariales, que denuncian una presión tributaria insostenible y un entorno regulatorio hostil que amenaza con frenar la producción, cerrar empleos y deteriorar aún más la actividad económica privada.
Recaudación como “salvavidas”
En abril, el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de emergencia económica que le permite suspender exenciones fiscales y ajustar políticas impositivas. A comienzos de año, instruyó a su equipo a duplicar la recaudación tributaria, estimada en 5.200 millones de dólares en el presupuesto nacional.
Según estimaciones de la firma Ecoanalítica, los ingresos tributarios podrían alcanzar hasta 13.000 millones de dólares en 2025, y se calcula que muchas empresas están destinando más de la mitad de sus ganancias al pago de impuestos.
“Los tributos son un salvavidas para el Gobierno”, explicó Luis Bárcenas, economista de la consultora. “Pero este alivio fiscal para el Estado se traduce en asfixia para la empresa privada”.
Carga tributaria y caída de Chevron
La salida de Chevron, tras la cancelación en febrero por parte de Estados Unidos de licencias especiales para exportar petróleo venezolano, representa un golpe directo a los ingresos petroleros del país, que podrían caer un 30%, según cálculos del sector.
En respuesta, el Ejecutivo ha intensificado auditorías contables, exigido el pago anticipado de impuestos y aumentado las tarifas por servicios como luz y agua, que además registran interrupciones frecuentes.
“Se están aplicando multas elevadas tras fiscalizaciones, y se permite a empresas estatales y gobiernos municipales aumentar tarifas, muchas veces sin aviso previo ni estudio técnico”, dijo un empresario afectado.
Empresarios preocupados por impacto en la producción
Una encuesta reciente de Conindustria, el principal gremio de industriales del país, reveló que el 77% de las industrias identifica las cargas tributarias como el principal obstáculo para operar, seguido de la caída de ventas y los altos costos operativos.
“Lo que se paga por demás en impuestos se resta al capital de trabajo”, declaró Luigi Pisella, presidente del gremio, quien propone ampliar la base tributaria para distribuir con mayor equidad la carga fiscal.
Las consecuencias ya se sienten en el empleo: las grandes industrias no prevén contratar nuevo personal y las medianas estiman una reducción del 1% en su nómina en los próximos meses, según la misma encuesta.
Municipios y servicios públicos también presionan
Los impuestos municipales han ganado peso en la estructura de costos empresariales. Las alcaldías, que antes dependían de los aportes del petróleo, ahora buscan financiarse directamente mediante tributos al sector privado.
“Una empresa con plantas en varios municipios paga múltiples tributos locales, además de las tarifas nacionales, lo cual es más gravoso para las compañías nacionales que para las importadoras extranjeras”, comentó un empresario extranjero con operaciones en Venezuela.
Además, los servicios públicos subsidiados en épocas de bonanza petrolera se han vuelto más costosos. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada en servicios como agua y electricidad alcanzó un 116% hasta marzo de 2025, y se proyecta que la inflación general podría cerrar el año en 200%.
Sin respuesta oficial
Los ministerios de Comunicación e Información, de Finanzas y el organismo tributario no han emitido comentarios oficiales sobre los señalamientos del sector privado.
Mientras tanto, los empresarios continúan solicitando espacios de diálogo para revisar el esquema impositivo actual y garantizar la viabilidad del aparato productivo nacional, en un contexto donde la carga fiscal amenaza con paralizar la débil recuperación económica del país.
