La organización no gubernamental PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) emitió una contundente denuncia sobre la situación de cuatro adolescentes venezolanos – Gabriel Rodríguez (16), Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17) – quienes permanecen detenidos, acusados de terrorismo, sin acceso a un juicio justo y en condiciones de aislamiento.
Sus familiares y Provea claman que estas detenciones son de índole política, carecen de base legal y violan múltiples instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos
Los casos documentados por Provea revelan un patrón preocupante de detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso. Gabriel Rodríguez, de 16 años, fue arrestado el 9 de enero de 2025 en Cabudare, Lara, por la Guardia Nacional, acusado sin pruebas de tener «pinta de guarimbero» y sin orden judicial mientras salía de su trabajo.
Por otro lado, Ángel González (17), Abraham Rivero (16) y Lusneidel Zuñica (17) fueron detenidos en La Guaira en el contexto de protestas postelectorales de 2024. Todos ellos han sufrido incomunicación, presiones para autoincriminarse y han sido presentados ante tribunales sin la debida asistencia legal o sin la existencia de flagrancia o una orden judicial previa. Abraham Rivero, en particular, ha enfrentado al menos 14 audiencias «viciadas», con versiones contradictorias de los funcionarios involucrados.
Estas acciones contravienen los principios fundamentales de un sistema de justicia transparente y garantista.
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Vulneración flagrante
Provea enfatiza que estas detenciones y las condiciones en las que se encuentran los adolescentes constituyen una grave violación de la legislación venezolana e internacional. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), en su Artículo 37, prohíbe explícitamente el aislamiento, la incomunicación y la tortura, estableciendo la privación de libertad como una medida excepcional y por el menor tiempo posible.
Asimismo, el Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogado, y prohíbe las detenciones sin orden judicial o flagrancia. A nivel internacional, el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño es categórico al prohibir la detención arbitraria de cualquier menor, así como la tortura y los tratos crueles.
Un llamado urgente a la justicia
La denuncia de Provea no solo visibiliza la crítica situación de Gabriel, Ángel, Abraham y Lusneidel, sino que también sirve como un llamado urgente al Estado venezolano para que cese la persecución de adolescentes por motivos políticos y garantice el cumplimiento de la ley.
La organización exige la liberación inmediata de estos jóvenes y el cese de las prácticas que vulneran los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, instando a las autoridades a respetar el debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales. La protección de la infancia es un deber ineludible del Estado y una prioridad para cualquier sociedad democrática.
