Este sábado se cumplen 14 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) en Venezuela, una institución que, lejos de solucionar la profunda crisis carcelaria, ha sido testigo y, en muchos casos, protagonista de un panorama de constante deterioro y violaciones a los derechos humanos.
Desde su establecimiento en 2011, con la promesa de transformar el sistema, el balance del MPPSP es devastador: 3.528 personas han muerto y 5.094 han resultado heridas en centros de reclusión, sumando un total de 8.532 víctimas por violencia y falta de atención médica, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Una sucesión de gestiones inefectivas
La historia del MPPSP ha estado marcada por una retórica grandilocuente que contrasta con una realidad carcelaria cada vez más precaria. Desde la primera ministra, Iris Varela, quien afirmó que Venezuela contaba con el “único ministerio penitenciario del mundo” y pregonó la casi total implementación del “Nuevo Régimen Penitenciario” –prácticas militares que, en la realidad, violan la dignidad humana–, hasta sus sucesores como Mirelys Contreras y la militar Celsa Bautista Ontiveros, la cartera no ha logrado resultados tangibles.
La gestión de Bautista Ontiveros, en particular, culminó en 2024 con masivas huelgas carcelarias que involucraron a más de 50.000 privados de libertad en 19 centros de reclusión, evidenciando el clamor por mejoras sustanciales. Su salida y la designación de Julio García Zerpa, quien asumió con promesas de revisión que hasta la fecha no se han materializado, reflejan la continuidad de un modelo sin rumbo claro.
La opacidad como norma
La institución ha presentado 18 planes oficiales entre 2011 y 2024, desde el “Plan Cayapa” hasta el reciente “Plan Nacional de Redenciones 2024-2025”. Iniciativas como “Llegó Máita” y “Visión Libertaria” se suman a esta extensa lista de anuncios que, según el OVP, carecen de transparencia y resultados verificables.
No existe evidencia pública sobre el número de beneficiados ni el alcance real de estas políticas, que en la práctica se han disuelto en meros comunicados sin continuidad ni presupuesto claro. En el ámbito normativo, las reformas también han sido un retroceso.
La modificación del Código Orgánico Procesal Penal en 2012 y la promulgación del Código Orgánico Penitenciario en 2015 (reformado en 2021) han consolidado prácticas regresivas, eliminando marcos de protección y avalando el uso de fuerza desproporcionada contra los reclusos, incluso autorizando el disparo a las “extremidades inferiores”, lo que en la práctica se traduce en una licencia para matar, en contradicción con principios constitucionales y de derechos humanos.
Tragedias y abandono
Las tragedias en recintos penitenciarios, como la masacre de Yare I en 2012, la tragedia de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en 2018 con 68 fallecidos, y el motín de Guanare en 2020 con 47 muertes, son una dolorosa muestra del colapso de la gestión penitenciaria. El sistema sigue padeciendo de sobrepoblación extrema, personal sin formación adecuada, el poder de bandas armadas internas, deficiencias en la atención médica y alimentaria, y el constante retardo procesal.
El Observatorio Venezolano de Prisiones reitera que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha fracasado rotundamente en sus objetivos esenciales: garantizar condiciones dignas de detención, respetar los derechos humanos y promover la reinserción social.
El modelo actual se ha desvirtuado en un instrumento de control y represión, dejando a su paso un rastro de tortura, corrupción, extorsión y abandono. La falta de gerencia, experticia y voluntad política, aunado a una deficiente administración de justicia, son los pilares de esta crisis humanitaria.
