Desde el primero de agosto, cuando hizo su aparición la funcionaria Isaura Pérez, del Instituto Nacional de Servicios del Adulto Mayor, a la sede de la fundación Ancianato Casa Hogar Los Peregrinos en la antigua iglesia presbiteriana de la avenida Carabobo, entre las calles 30 y 31 de Barquisimeto, los quince seres humanos que quedaron allí temen volver a la calle porque tienen que abandonar ese inmueble.
Ese día fueron sacados diez de los veinticinco de los ancianos, dos de los cuales murieron en el Hospital Central Universitario Doctor Antonio María Pineda: la primera fue una ancianita, el 8 de este mes; y dos días después falleció el otro anciano, mientras que el tercero se encuentra recluido en el cuarto piso de ese centro asistencial.
El director de la institución benefactora es Jesús Armando Montoya, quien lleva 32 años como tal y, por tanto, exterioriza a El Impulso su preocupación por la suerte que pueden correr los quince seres, quienes provienen de situación de calle.
Refirió que la idea de la fundación fue de una mujer sumamente bondadosa, piadosa y solidaria, quién hace 52 años concretó el proyecto de recoger a los ancianos en situación de calle, pedir colaboración a la sociedad civil y ocuparse de ellos.
“Yo decidí acompañarla en su labor, porque siempre he considerado que hemos venido al mundo para ser útiles y tenderle la mano al desvalido”, confiesa Montoya al reportero. Y, aparte de nuestro trabajo voluntario, hemos tenido, gracias a Dios, respaldo de la gente y de algunas instituciones porque saben que nuestra labor no tiene fines lucrativos, sino de servicio social.
De los quince ancianos que han quedado en el inmueble de la antiguo colegio iglesia presbiteriana, apenas seis tienen asignaciones benéficas institucionales y, por tanto, hay que buscar recursos para darles alimentación a los otros nueve, así como brindarles las atenciones que requieren porque cuidar ancianos no es cualquier cosa.
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Orden de desalojo
La orden de desalojo que ha extendido el organismo oficial fija en noventa das dejar ese inmueble, lo que ha llevado a Montoya a estar solicitando ayuda a instituciones diversas, a fin de que se le busque una solución a tan grande problema.
Montoya se muestra muy hermético en sus declaraciones porque, dice, no encuentra explicación a la medida tomada, sobre todo porque la fundación tiene más de medio siglo funcionando con toda normalidad y atiende a personas que fueron recogidas de las calles, donde estaban expuestas a sufrir desprecios, accidentes y morir despiadadamente a causa de enfermedades o atropelladas por vehículos.
Como se trata de una medida oficial, considera Montoya, debe haber sido tomada por una autoridad superior a la de la funcionaria Pérez, porque no cree que ella actúe de esa forma sin tomar en cuenta las consecuencias en que han quedado esos quince seres humanos, que necesitan ayuda para sobrevivir los últimos días de sus existencias.
