La identidad nacional se expresa en tener una cultura propia, y ello es posible si tenemos memoria. Es un sentimiento intenso que se relaciona al pasado y al futuro. Identidad y memoria, individual o colectiva son elementos inseparables.
La memoria puede jugarnos una mala pasada y funcionar como un obstáculo a la identidad nacional, debilitarla, y ejercer una influencia en sentido inverso.
Esto es lo que sucede con el caso de quien una vez fue el magistrado con más poder en el Tribunal Supremo de Justicia. Me refiero a Eladio Aponte Aponte, y otros funcionarios que en busca de poder han desfalcado el patrimonio moral y económico de los venezolanos.
Estas reflexiones buscan analizar cómo una persona ha cometido delitos tan graves como los confesados por Aponte Aponte, identificado con una parcialidad política. Desatendió no sólo su juramento de desempeñar constitucionalmente el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, actuando desprovisto de toda ética e identidad nacional, se escondió detrás del poder al cual ahora descubre. Acusa al presidente de la República le responsabiliza en su condición de superior (¿militar?) de dar la orden, fielmente ejecutada por él, de imponer la pena máxima de 30 años de cárcel a inocentes, “a como diera lugar”.
La aceptación pasiva de estas confesiones por la fiscal general de la República, la Asamblea Nacional, la defensora del Pueblo; así como la manifestación expresa de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Morales, cuando se le preguntó por la confesión de Eladio Aponte Aponte, contestó “No quiero responder esa pregunta” (El Nacional, 8 de septiembre de 2012 Nación.3) constituyen el mejor ejemplo de cómo se mancilla y se prostituye la identidad de una Nación.
Al imponerse en Venezuela la democracia y el estado de derecho, deberá investigarse, juzgarse y sancionarse con todo el peso de la Ley, a los responsables de los crímenes cometidos y denunciados por Aponte Aponte, incluyendo al ciudadano Hugo Chávez. De ser así, deberán revisarse y anularse las sentencias dictadas por ese ex magistrado, poner en libertad a los condenados injustamente. Sólo así los tres comisarios y ocho agentes de la Policía Metropolitana, la jueza Afiuni y tantos otros volverán a ser libres.
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