Dirigentes de oposición y activistas de derechos humanos rechazaron el plan del Gobierno contra la criminalidad, por considerar que convierte a los ciudadanos en espías al asignarles tareas de seguridad e inteligencia.
“Institucionaliza lo que popularmente llamaríamos ‘sapeo masivo’ (delación); es decir, convierte al ciudadano en espía de sus vecinos, de sus familiares”, protestó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en su programa radial.
La noche del martes, el presidente Nicolás Maduro llamó a la población a integrarse a una “Policía Comunitaria” y un “Sistema de Inteligencia Popular”, sin detallar cómo se estructurará su participación. El mandatario se refirió a esos ciudadanos como “patriotas cooperantes”.
Este plan “socava derechos civiles y políticos”, dijo por su parte Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, a la AFP.
La activista subrayó que la Constitución establece que preservar la seguridad ciudadana “corresponde a los cuerpos de seguridad y, de ninguna manera, a civiles”.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, el país petrolero cerró 2016 con 28.479 muertes violentas, 91,8 por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 8,9 por cada 100.000.
De acuerdo con San Miguel, la nueva estrategia no ataca las causas de la violencia, sino que tiene motivaciones políticas.
“Los patriotas cooperantes han sido fuentes de información para criminalizar a opositores y disidentes. Declaraciones anónimas de patriotas cooperantes han sido usadas como argumento pseudolegal para justificar detenciones”, sostuvo.
Según la oposición, en Venezuela hay un centenar de “presos políticos”, aunque el gobierno alega que son responsables de conspiración e instigación a la violencia.
Maduro rebautizó igualmente las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), ofensivas militares y policiales contra la delincuencia ejecutadas desde 2015 y marcadas por denuncias de violaciones de derechos humanos.
Este miércoles, el mandatario aseguró que esos hechos están siendo investigados, y prometió castigar a los responsables de eventuales abusos.
Las OLP se llaman ahora Operaciones para la Liberación Humana del Pueblo (OLHP) y el gobernante prometió que «tendrán un concepto novedoso».
