Editorial: ¿Con el permiso de quién?

Conforme a su hábito, cínico, engatusador, el Gobierno primero inunda las aulas educativas con 35 millones de textos de la Colección Bicentenario, un descaro en el propósito de adoctrinar a los niños desde su más tierna edad, y luego llama a una “Consulta Nacional por la Calidad Educativa”.

Esa consulta, dijo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, “la haremos los próximos cinco meses con el mayor consenso para mejorar el sistema educativo”. Pero ya se puso en marcha la pretensión de reescribir la Historia, vista a través de un prisma que desconoce todo lo que la República ha andado, con sus aciertos y tropiezos, desde su propia génesis. Se apuntala, así, el criterio de que la Patria que tenemos nos fue legada por Hugo Chávez, como lo dice, literalmente, el presidente Nicolás Maduro en la introducción de la “Constitución Ilustrada”.
Si pasan esos libros apestosamente deformantes de nuestro pasado, con clara vocación militarista, ideados para que los niños y jóvenes del país le rindan arrobado culto al nuevo Libertador, en adelante los planteles escolares dejarán de ser eso, en esencia, para dedicarse a formar una generación de “pioneritos”, copiados de la revolución cubana. Una legión de adolescentes que cantan loas y juran fidelidad a la revolución y a sus caudillos, colocados en un pedestal más alto, y sagrado, que el de sus propias familias.
Un Gobierno que acaba de decidir, a través del TSJ, la irracionalidad según la cual toda protesta ciudadana debe ser permisada, y ordena a la policía reprimirla cuando no cumpla ese requisito ilegal con el uso de sus armas de fuego, también ilegal, pretende horadar la desprevenida mente de los niños, para embutirla de sus trasnochados desquicios doctrinarios. Reprogramar la personalidad de los escolares con sus profusos dogmas y supersticiones. ¿A quién le pidió la revolución permiso para semejante abuso? ¿Se han detenido a pensar los señores en el poder, que si un Estado reconoce a una ideología como la oficial, discrimina y convierte en ilegales a todas las demás? ¿Qué tipo de democracia se puede permitir hacer eso? O ¿es que acaso esa palabra, democracia, a los ojos del Gobierno ya entró oficialmente en desuso, fue aventada de su léxico, con todas sus graves implicaciones?
Pues no. Quizá la única batalla cívica que los padres y madres de este país no están dispuestos a dejar de librar, más allá de sus miedos y prevenciones, o, precisamente, gracias a eso, es la de poner a salvo de esta disociadora arremetida gubernamental, al fruto de sus vientres, a la bendición en pareja que Dios hace posible gracias al amor. En parte por instinto, o por el más puro de los sentimientos de los que somos capaces los seres humanos, nada que estemos llamados a hacer, se debe dejar de lado, por temor o indiferencia. Sería imperdonable, una muestra de la más baja de las cobardías.
El Gobierno no sólo reescribe la Historia y busca resetear los valores inculcados a los niños, sino que desconoce principios consagrados en nuestra legislación, pese a que pregona, a cada rato, exhibiendo esa copia en miniatura y azul de la Constitución, que “dentro de ella todo, fuera de ella nada”. ¿Cómo queda, entonces, a luz de estos textos reprochables y de la resolución 058 del Ministerio de Educación, el artículo 102 de la Constitución Bolivariana, que concibe a la educación como un servicio público fundamentado “en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”?
Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (¿acaso la derogaron?), consagra la facultad preferente de los padres en la escogencia de la educación que recibirán sus hijos.
El Gobierno ambiciona clausurar todos estos principios tan caros a la humanidad y organizar un nuevo tipo de cola, que se suma a las que estamos obligados a hacer hasta para comprar pasta dental, pero aún más nefanda: la de los niños, uniformados en sus trajes y en su pensamiento. ¿Con el permiso de quién?

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