Durante la mañana de ayer se llevó a cabo la inauguración, en el estado Yaracuy, de un Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, en la sede del Circuito Judicial Penal de la ciudad de San Felipe, actividad a la cual asistieron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, y la presidenta de la Sala de Casación Penal del Alto Tribunal, magistrada Deyanira Nieves Bastidas.
Según la máxima representante del Poder Judicial, la inauguración de los tribunales penales municipales es un pilar fundamental en la transformación de la estructura judicial venezolana, añadiendo que el proceso de selección de jueces y personal es riguroso, “pues se requiere una visión clara de la realidad venezolana en materia de derecho penal”, indicó.
“Con esta nueva visión del Poder Judicial, se valoran los derechos fundamentales del ser humano”, acotó Morales, explicando que la estructura de la nueva instalación judicial en Yaracuy está conformada por un juez, un secretario, tres abogados relatores, un archivista, un trabajador social y un alguacil, quienes atenderán las causas de individuos que incurran en ilícitos procesales cuya pena no exceda los ocho años de privación de libertad y no sean de lesa humanidad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal vigente desde enero del año en curso. “Los tribunales penales municipales otorgan una respuesta directa al justiciable con una visión humanista, para rescatar a los ciudadanos e incorporarlos a sus comunidades”, destacó la magistrada.
Por su parte, la magistrada Deyanira Nieves manifestó que los jueces penales municipales deben profesar la justicia desde el punto de vista jurídico, pero con un profundo sentir humanista, por ser el área penal la más sensible en materia de derecho puro. Al acto también asistieron Francisco Ramos Marín, director ejecutivo de la Magistratura; Jholeesky del Valle Villegas, jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, así como jueces de la entidad, trabajadores tribunalicios y representantes del poder popular, entre otros.
Quedan interrogantes
Aunque fueron convocados varios medios de comunicación, la máxima representante del Poder Judicial no les concedió ni una oportunidad para responder a interrogantes en torno a la reciente negación de la medida humanitaria para Iván Simonovis, a pesar del deterioro de salud que ha reportado durante su detención, o la solicitud de traslado de la jueza María Lourdes Afiuni a un centro hospitalario para un chequeo médico de emergencia, la cual entregaran el jueves sus familiares ante la Fiscalía. Ni siquiera permitió que los medios se le acercaran para conocer si el TSJ procedererá a formar una junta médica para evaluar el estado de salud del Presidente Hugo Chávez.
