Los universitarios hemos asumido la defensa de la autonomía universitaria basados en el principio constitucional que está consagrado en el artículo 109 de la Constitución Nacional, el cual establece claramente tal derecho.
Así lo manifestó la rectora de la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, Rita Añez, quien afirmó que tanto autoridades, docentes y estudiantes, están actuando en defensa de la pluralidad y calidad de la educación universitaria, también establecida en la Carta Magna, ante el intento que pretende el Gobierno Nacional de violentar, no solo la Ley Universitaria Vigente, sino la propia Constitución Nacional.
La autoridad universitaria hizo además un balance del conflicto nacional que actualmente se desarrolla en el país, agregando que “el gobierno tomó como medio, una propuesta de convención colectiva justificada en la necesidad evidente de actualizar las escalas salariales del personal universitario, utilizando a los gremios afectos al oficialismo, en primer lugar, para desconocer al gremio docente representado en FAPUV, que por más de cuatro décadas ha convenido y conquistado mejoras salariales y socioeconómicas a los profesores universitarios».
Afirmó además que el gobierno también pretende desconocer el instrumento contractual que norma las relaciones laborales entre el estado y los docentes universitarios, como lo son las Normas de Homologación y Actas Convenio.
“Nosotros estamos claros que ningún ofrecimiento de beneficios socioeconómicos, no concertados con las organizaciones legítimas que sí representan a los universitarios, como la FAPUV, nunca compensarán la pérdida de derechos constitucionales que estamos reclamando”, sentenció.
Añez resaltó además que ya se cumplen 8 semanas continuas del conflicto universitario y lamentablemente el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para solventar la crisis.
«La estrategia del gobierno es hacer ver que lo importante es lo salarial, de manera de ir ganando tiempo; pues queda apenas un mes para concluir las actividades regulares en las casas de estudios», advirtió.
Explicó que es evidente el inicio de una nueva etapa dentro del conflicto universitario, en la cual se deben plantear un conjunto de propuestas estratégicas para la consideración a lo interno con los actores involucrados y posteriormente como consulta obligatoria a las comunidades comprometidas con la lucha por las instituciones, principios y valores que pretenden ser vulnerados y que el sector universitario está obligado a rechazar de manera contundente, «como en el caso del profesorado que daremos respuestas concretas a planteamientos sobre el no reconocimiento de las normas de contratación y los alcances de la misma, desde el punto de vista de la progresividad de los derechos laborales».
Por último, Rita Añez consideró que en cuanto a los estudiantes además de intentar criminalizarlos por el ejercicio de su derecho a la protesta, el Ministerio de Educación Universitaria les hizo un ofrecimiento de incremento en los montos de las becas y otras ayudantías, que en nada representa o alcanza un porcentaje cercano a las exigencias de las mejoras socioeconómicas y de servicios, por ellos solicitadas para las providencias estudiantiles.
