El nuevo presupuesto de la nación, que ya comenzó a ser ejecutado, fue elevado en 77 por ciento en comparación con el que terminó el 31 de diciembre de 2023, pero nada propicio tiene para los venezolanos, dijo a El Impulso el dirigente Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo y coordinador de la Comisión Agroalimentaria en Lara.
El del año pasado fue de 11.565 millones de dólares, mientras que el nuevo es de 20.521 millones de dólares; es decir, 729 mil 948 millones 434 mil 691 bolívares, de acuerdo a la Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento Fiscal, aprobado por la Asamblea Nacional.
Llama la atención que en este instrumento legal se haya incluido una partida por un monto de 729. 948 millones de dólares para el desarrollo del Esequibo, zona que, como sabemos, se encuentra en reclamación y cuya decisión definitiva será tomada por la Corte Internacional de Justicia en abril del presente año.
De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presupuesto, antes de ser aprobado, debe tener obligatoriamente una consulta en los sectores del país; pero, no se hizo, criticó Monasterios. Lo más preocupante es que se ha eliminado todo tipo de control previo y posterior al gasto público. Y para colmo, no contempla, como se esperaba, la atención pertinente a los puntos neurálgicos del país, como son: producción de alimentos, salud, educación, vialidad y servicios públicos.
Si no hay apoyo a la producción general, ese presupuesto será, inevitablemente, un generador de inflación, que es el peor mal para la población, la cual a duras penas sobrevive en este momento.
