La periodista venezolana Sebastiana Barraez denunció un incremento en las acciones represivas por parte del Estado contra activistas, periodistas y dirigentes opositores, tras la reciente salida de cinco dirigentes políticos refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
La comunicadora advierte que desde ese hecho, se han reportado detenciones y operativos sin confirmación oficial en varios estados del país.
De acuerdo con reportes de organizaciones de derechos humanos y familiares, el patrón de presión se ha extendido a profesionales como periodistas, docentes, médicos y activistas sociales, en una aparente respuesta a la fuga de los dirigentes opositores.
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Casos sin información oficial preocupan a organizaciones civiles
Uno de los casos más notorios es el del periodista y profesor universitario Mario Chávez Cohen, detenido el 6 de mayo en el estado Carabobo junto a su madre (liberada posteriormente), sin que hasta el momento se haya confirmado su lugar de reclusión o se haya presentado información oficial sobre su situación.
Asimismo, el profesor Rafael Antonio Torres, dirigente del partido Proyecto Venezuela en el estado Miranda, fue llevado de su domicilio el 5 de mayo en un procedimiento violento. Su familia no ha recibido información oficial sobre su estatus ni su paradero.
Táchira y Lara también suman casos
La abogada Merlina Carrero, activista de derechos humanos en Táchira, también fue detenida el 7 de mayo sin orden judicial conocida, según denuncian sus allegados. Carrero es coordinadora regional de la plataforma ciudadana «Creemos Alianza Ciudadana».
Ese mismo día, el médico fisiatra Omar Vergel, miembro de Médicos Unidos de Venezuela, fue interceptado por individuos vestidos de negro frente a su residencia en el estado Táchira. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una versión oficial sobre su situación. La organización Médicos Unidos solicitó a las autoridades que se garantice su integridad física y se esclarezca el motivo del procedimiento.
En el estado Lara, el dirigente político Ángel Lugo, miembro de Acción Democrática legítima, también fue detenido recientemente sin que se hayan emitido detalles oficiales sobre el proceso.
Familiares denuncian detenciones injustificadas
Uno de los casos que ha generado mayor conmoción es el de Raúl Amiel, hijo de la periodista Iris Hevia. Fue llevado de su residencia en San Cristóbal la noche del 5 de mayo por un grupo de individuos armados.
La familia denuncia que no se presentó orden alguna y que su esposa e hijo adolescente fueron agredidos durante el procedimiento. Tras más de una semana, Amiel no ha sido localizado y su detención no ha sido reconocida formalmente por ninguna institución.
Desconocen el paradero del abogado Eduardo Torres
La desaparición del abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea y defensor de derechos laborales, ha despertado alerta entre organizaciones de derechos humanos. Su esposa informó que fue visto por última vez el viernes 9 de mayo tras salir de una reunión en Caracas. Aunque acudió al centro de detención conocido como El Helicoide, las autoridades señalaron que no se encuentra allí.
Provea manifestó su preocupación ante “la alta probabilidad de que nuestro compañero Eduardo Torres se encuentre en condición de detención sin notificación formal, dada su labor como activista y las amenazas previas en su contra”.
Organizaciones denuncian hostigamiento
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) expresó que esta situación también ha alcanzado a agrupaciones dedicadas a documentar casos de derechos humanos. La organización, que concluye su jornada “Ruta Global por la Justicia”, solicitó en la sede de la Unión Europea en Caracas la protección de ciudadanos detenidos, el acompañamiento diplomático y la observación internacional de la situación.
“No nos van a intimidar. Somos familias que con dignidad y dolor alzamos la voz porque amamos la libertad, la justicia y la vida”, afirmó Clippve en un comunicado.
Sebastiana Barraez y diversas organizaciones sostienen que estos procedimientos, sin información oficial ni respaldo legal conocido, representan una intensificación de la presión política en Venezuela. En opinión de estas fuentes, los hechos se inscriben en un contexto de mayor control sobre la disidencia, en medio de un clima electoral cada vez más tenso.
