La organización no gubernamental Foro Penal publicó este domingo su informe más reciente sobre la situación de los detenidos arbitrariamente en Venezuela, revelando que actualmente 927 personas permanecen detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, entre ellas cinco adolescentes y 52 ciudadanos en condición de desaparición forzada, cuyo paradero se desconoce.
El reporte detalla que de los 927 detenidos arbitrariamente, 831 son hombres y 96 mujeres. En cuanto al estatus civil, 758 son civiles y 169 pertenecen al ámbito militar. Además, 82 de los detenidos tienen doble nacionalidad.
La mayoría no tiene condena
De acuerdo con los datos de Foro Penal, 777 de los detenidos poselectorales no han recibido condena, mientras que 150 ya han sido sentenciados. Solo 23 personas permanecen encarceladas con sentencia firme, y otras ocho han sido excarceladas recientemente.
El informe aclara que el listado no incluye a personas que hayan sido detenidas brevemente o que hayan sido liberadas en días recientes, por lo que la cifra se refiere únicamente a quienes siguen privados de libertad en este momento.
Registro histórico y asistencia legal
Desde el año 2014, Foro Penal ha contabilizado un total de 18.409 detenciones con fines políticos en Venezuela. La ONG ha brindado asistencia jurídica a más de 14.000 personas que fueron liberadas, aunque alerta que al menos 9.000 ciudadanos todavía se encuentran bajo medidas restrictivas de libertad de forma arbitraria, lo que incluye presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país.
Envío a organismos internacionales
La lista actualizada de detenidos poselectorales fue enviada por la organización a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el seguimiento internacional a estos casos y documentar las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
Foro Penal insiste en que la existencia de privados de libertad arbitrariamente constituye una grave violación a los principios democráticos y al Estado de derecho, y reitera su llamado a la comunidad internacional para mantener la presión y exigir la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas.
