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Este domingo 7 de septiembre, tres activistas venezolanos arribaron a una semana en huelga de hambre en las adyacencias de la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya. Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras iniciaron la protesta el pasado 31 de agosto, mientras que Víctor Guerrero se sumó a la manifestación el 4 de septiembre.
Con la huelga, los venezolanos exigen que se aceleren las acciones de la Fiscalía de la CPI respecto a la investigación de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que se emitan órdenes de captura contra los responsables de estos actos.
“Cumplimos siete días en huelga de hambre por el país, por Venezuela. Estamos más unidos que nunca, por los presos políticos, por sus familiares, Dios los bendiga y envíen esa fuerza en oraciones”.
“Hemos tenido la capacidad de resistir y seguiremos resistiendo, nosotros vamos a vencer, vamos a obtener los objetivos, Venezuela tendrá una respuesta muy pronto”, aseguraron los manifestantes en un video difundido este 7 de septiembre.
La Fundación para los Refugiados de Venezuela informó el pasado 6 de septiembre que los manifestantes “han soportado lluvias, sol y fuertes vientos, pero aún no reciben respuesta ni compromiso por parte de la institución”.
Este domingo, recordaron en un mensaje publicado en su cuenta en X que, según el Estatuto de Roma y la Declaración Universal de Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a la protección contra los crímenes de lesa humanidad y a que su voz sea escuchada ante los mecanismos de justicia internacional“.
Hasta el momento, la CPI no ha emitido pronunciamiento alguno en respuesta a esta protesta.
Fiscal de la CPI se separó de la investigación
La Fiscalía de la CPI abrió formalmente en noviembre de 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde febrero de 2014. No obstante, tras casi cuatro años de procedimiento, aún no se ha hecho pública ninguna orden de captura contra altos funcionarios del chavismo.
El caso no ha estado exento de polémica: el pasado 19 de agosto el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que solicitaría a la Presidencia apartarse formalmente del caso Venezuela I, tras la decisión de la Sala de Apelaciones que detectó un posible conflicto de intereses.
A principios de ese mes cinco jueces de la Sala de Apelaciones advirtieron que la participación de Khan crea un problema de “parcialidad” para el fiscal, debido a que la cuñada del fiscal, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, ha sido parte de un equipo que representa al gobierno de Nicolás Maduro.
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