El ex diputado y reconocido abogado penalista Rafael Narváez alzó la voz este lunes para denunciar lo que describió como “una política de Estado criminal” relacionada con la detención y el canje de presos por motivos políticos.
A su juicio, la práctica de “negociar seres humanos” vulnera el Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y profundiza la crisis de derechos humanos en el país.
Irregularidades en detenciones
Narváez, quien ha acompañado legalmente a víctimas de detenciones por motivos políticos, subrayó que la libertad personal es inviolable y que “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
Sin embargo, reprochó que los cuerpos de seguridad continúan practicando aprehensiones sin cumplir los requisitos constitucionales ni ofrecer garantías mínimas de debido proceso.
Rechazo al «canje de presos»
El ex parlamentario calificó de “crimen horrendo” el intercambio de opositores presos por beneficios diplomáticos o políticos. “Será más que imposible reparar el daño causado”, afirmó, recordando que la vida y la dignidad de las personas “no pueden ser moneda de cambio”.
Además, cuestionó el rol del Poder Judicial, al que acusó de actuar con “subordinación y falta de independencia”, contraviniendo su mandato de imparcialidad. “Estamos ante la profanación de nuestra Constitución y de los derechos humanos”, sentenció, insistiendo en que los magistrados juraron defender la norma suprema y están obligados a hacerlo lejos de cualquier parcialidad política.
Detenciones por motivos políticos
Organizaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos han advertido que Venezuela registra más de 250 detenidos por razones políticas, según el último conteo de la ONG Foro Penal, una cifra que Narváez considera “inaceptable en un Estado que se proclama democrático”.
Para Rafael Narváez, el expediente de violaciones sistemáticas evidencia que “el daño al tejido social y jurídico del país crece cada día”. El abogado instó a la comunidad nacional e internacional a “no normalizar el canje de presos” y a exigir el respeto irrestricto al debido proceso.
“Restaurar la independencia del Poder Judicial y liberar a quienes nunca debieron estar tras las rejas es el primer paso para reconstruir la confianza en las instituciones”, concluyó. Mientras tanto, el clamor por justicia y libertad se mantiene como una deuda pendiente en la Venezuela de hoy.
