El Senado mexicano aprobó el miércoles la mayor reforma energética en décadas que termina con el monopolio estatal en la industria petrolera y la abre a la iniciativa privada nacional y extranjera.
La cámara alta aprobó por amplia mayoría de oficialistas y conservadores modificaciones a la constitución para permitir al gobierno otorgar contratos y licencias para la exploración y producción a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora.
Los contratos se celebrarían directamente con el Estado en lugar de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual será un competidor más.
Un ajuste hecho de último momento durante la discusión en el pleno del Senado fue quitar la participación del poderoso sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, con lo cual quedará disminuido el poder de un organismo que ha sido criticado por su opacidad.
La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Peña Nieto en su primer año de gobierno en áreas desde la educación y el sistema fiscal hasta las telecomunicaciones.
Sin embargo, la reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso el mandatario, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.
La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias.
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