Una tarea ardua le espera al historiador de esta época, sobre todo si ha sido testigo de la misma. Estará obligado a decir la verdad sin falsificarla por encima de la tentación de convertir su relato en la novela más sangrienta, lo cual no deja de ser comprensible por la gravedad de los sucesos.
Un tiempo terrible, fenómenos políticos que de ocurrir en cualquier país civilizado, hubieran provocado la caída del gobierno. El Salón Elíptico de la Asamblea Nacional negado para las honras fúnebres a un científico como Convit y permitido a un militar muerto en sospechosas circunstancias como Otaiza. Reservas internacionales venidas a menos por causa de la baja del oro, pero sobre todo sin comprobación imparcial de que existen en las arcas del Banco Central de Venezuela. Endeudamientos sin referéndum con China y Rusia, no autorizados por el pueblo soberano. Intención a punto de ley de formar milicianos en Cuba. Muerte de Chávez sin investigación, con dudas sobre la fecha y el real diagnostico que la provocó.
Una economía castrada llena de prohibiciones, donde los empresarios han sido convertidos en limosneros, una industria quebrada, sobre todo la petrolera que obliga al país a comprar gasolina a Estados Unidos y Brasil. Servicios de electricidad y salud disminuidos. Inseguridad ciudadana y administración de la justicia en el peor nivel. La inteligencia del país, que son sus estudiantes y profesionales jóvenes perseguidos, encarcelados y en éxodo. Una oposición tímida que deja pasar diariamente los hechos más graves y que no los denuncia con voz fuerte. Un gobierno bicéfalo entre Maduro y Cabello, donde hasta sus propios partidarios denuncian que sólo el 5% de las órdenes del mandatario se cumplen.
Pero lo más grave ha ocurrido en estos días al trasladar el propio gobierno a un delincuente al Palacio de Miraflores, para una mesa de negociaciones sindicales y asesinado en un Hotel propiedad del régimen con altos porcentajes de extrema seguridad. Esto le brinda a la oposición la razón de negarse a un dialogo con el gobierno porque para ello se necesitaría tener prontuario delictivo. Ello precedido de la denuncia número setenta de otra planificación de magnicidio, con el agravante que las anteriores nunca fueron probadas y que esta vez se involucran a otros altos dirigentes de la oposición como María Corina Machado, Diego Arria y otros, que irían a procesos judiciales parecidos al llevado a cabo contra Leopoldo López, donde la Fiscalía es juez y parte.
Todo esto produce entonces un país en crepúsculo que desestima la luz y que pareciera que la calificara como perturbadora. Por ahora no queda otra que seguir la resistencia a la dictadura con la esperanza de que llegará el día de la justicia y que el futuro será nuestro.
Un país en crepúsculo
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