Más de 100 decisiones del Poder Judicial han desconocido derechos fundamentales de los venezolanos por ajustarse a los designios del Poder Ejecutivo.
Tal conclusión es analizada en el trabajo de investigación denominado El Memorial de Agravios, que acaba de publicar la Red Justicia, conformada por las organizaciones Acceso a la Justicia, Invesp, Espacio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, Sinergia y Transparencia Venezuela.
El trabajo inicia con el detalle de las irregularidades en el procedimiento de elección y designación de los magistrados del TSJ; recoge señalamientos de éstos en medios de comunicación que evidencian su parcialidad política e ideológica y sigue con las consecuencias que sus decisiones han tenido en los derechos de los venezolanos e institucionalidad del país.
Finaliza con el conjunto de recomendaciones de órganos internacionales realizadas al Estado Venezolano en lo que respecta al derecho al acceso a la justicia.
Caja negra
“El uso de la justicia por parte del gobierno no estaba siendo conocido en su justa dimensión, así que la Red Justicia está registrando para la historia lo que este TSJ está haciendo con la democracia venezolana. Será la caja negra del actual desastre nacional”, advirtió Beatriz Borges, de la ONG Cepaz.
También se acredita en el libro, publicado este viernes, que el uso que hace el gobierno del aparato judicial es la principal amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información pública de todos los ciudadanos, según señalaron las representantes de Ipys Venezuela y Espacio Público, Maruja Dagnino y Amado Vivas, respectivamente.
Las formas más comúnmente usadas por la justicia para causar censura y autocensura son las multas a medios críticos al Estado, control de papel periódico, medidas cautelares para censurar temas de interés, prohibición de difundir informaciones bajo el pretexto de proteger a los niños, falta de celeridad sobre denuncias de agresiones a periodistas y prohibiciones judiciales de informar sobre funcionarios públicos.
Finalmente, el investigador de Provea, Inti Rodríguez, sentenció que «el Tribunal Supremo de Justicia está extinguiendo el Estado de Derecho en Venezuela, poniendo por encima de los derechos ciudadanos, los del Gobierno».
