Un total de 50 arrendatarios de los galpones verdes y amarillos del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar) manifiestan su preocupación ante la arbitrariedad del Gobierno nacional desde que se inició la fiscalización y revisión en las instalaciones de ese centro de acopio, el jueves 11 de agosto.
La directiva del mercado junto a la Alcaldía del Municipio Iribarren llevaron a cabo una asamblea donde se fijó posición ante los hechos presenciados, donde destacan que todos los que hacen vida en el mercado son víctimas de la confrontación de las fuerzas de poderes de quienes la mejor arma que manejan es el atropello y la imposición.
Benito Rocha, presidente de Mercabar, explica que al igual que el alcalde Alfredo Ramos, repudia el acaparamiento y el “bachaqueo”, por lo que realiza un llamado a los comerciantes a no caer en este tipo de ilegalidad ya que el Ejecutivo central lo que busca es agarrarse de cualquier irregularidad para tomar medidas e instalarse en su totalidad.
“La idea es trabajar todos unidos, estamos al tanto de que la Guardia Nacional los ha intimidado y atropellado a través de sus organismos como la Superintendencia de Precios Justos (Sundde). Demostramos que hemos trabajado para mejorar y dejar claro que podemos seguir atendiendo a todos los venezolanos, ya que somos un mercado ejemplo que distribuye más del 60% de los alimentos en todo el país”.
Rocha indica que para nadie ha sido un secreto que en reiteradas oportunidades se solicitó la ayuda para la realización de operativos por parte del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) y la Sundde, e incluso se habilitó un espacio para que de manera cómoda trabajaran allí durante el tiempo necesario, y nunca lo hicieron. Ahora sí se instalan con todo su aparataje con otras intenciones en contra de los derechos del mercado y hasta del reglamento.
Ante múltiples rumores que se manejan en cuanto a la situación de Mercabar, Rocha resalta que las instalaciones están tomadas para la fiscalización y revisión que se efectúa por tiempo indefinido, pero aún no ha llegado ninguna comisión nacional con la providencia debida donde se especifique la intervención administrativa de esa paramunicipal.
