Los servicios de salud públicos no funcionan en un 100% para el beneficio y satisfacción de la colectividad, mientras que las clínicas privadas ahoran deben sortear su presente y futuro con regulaciones de costos para evitar la especulación que ha sido denunciada por los propios pacientes.
Para lograr este objetivo, durante varios meses se realizaron mesas de discusión sobre la regulación a las clínicas privadas, en las cuales representantes de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH) participaron, sin embargo, luego de la publicación de la gaceta oficial número 40.196, de fecha 26 de junio de 2013, indicaron que los acuerdos previstos con anterioridad en las reuniones no fueron tomados en cuenta.
Antonio Soler, representante de la AVCH, reconoció que se hizo un acuerdo previo sobre un baremo de precios que firmaron 10 clínicas en la ciudad capital, sin embargo, para el listado publicado en gaceta oficial no hubo consenso, y tampoco tienen conocimiento de cuáles fueron las investigaciones realizadas para determinar esos números.
“La semana anterior a la publicación en gaceta de los costos hubo una reunión, entre quienes se encontraban representantes de AVCH, Vicepresidencia, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y aseguradoras privadas. Allí sólo se habló de un 20% de aumento de los costos de los servicios que existían para la fecha. ¿Cuál fue la sorpresa que el 26 de junio publican unos costos menores a los actuales?”, explicó Antonio Soler.
Destacó que la inflación acumulada ni la devaluación de la moneda nacional fue tomada en cuenta para determinar los costos de los servicios médicos que prestan las clínicas privadas.
Juan Alberto Rondón, presidente de la Junta Directiva de la Clínica Santa Cruz, puntualizó entre las investigaciones que ha debido hacer la Superintendencia de Costos y Precios Justos fue a quienes forman el grupo de proveedores de insumos, material médico quirúrgico y equipos para diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
“Ellos manejan sus precios como les parezca, y nosotros no tenemos muchas opciones, porque las compramos en bolívares a precios súper elevados, o las importamos de manera particular, con el agravante de no contar con las divisas para hacerlo, sumado al pago excesivo para nacionalizar los equipos en las aduanas”, explicó Rondón, quien es médico pediatra y especialista en gerencia de salud.
Recalcó que en Venezuela no existen suficientes industrias que produzcan este tipo de insumos, en consecuencia la mayoría proviene del exterior.
Rondón explicó que contrario a lo que piensan la generalidad de las personas, las clínicas no forman parte del grupo de empresas rentables de un país, porque el margen de utilidad “aparente” está entre un 3 al 8%, dinero que debe ser reinvertido en el mantenimiento y actualización de equipos.
“Acaso no investigaron las declaraciones que hacemos del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), nuestros estados financieros, los costos de infraestructura, pago de personal y sus incidencias anuales, entre otros puntos. La tradición y la preocupación por nuestros pacientes es lo que nos hace continuar”, detalló Juan Alberto Rondón.
Clasificación de las clínicas
En el anexo de la gaceta oficial se especifican precios de servicios y detallan “precios clínicas tipo 1”, “precios clínicas tipo 2”, y “precios clínicas tipo 3”, sin embargo, los propietarios de estas instituciones no conocen los parámetros que utilizó el Gobierno Nacional para determinar la clasificación.
“No es viable colocar un precio tope a servicios como “un día de emergencia”, porque todo dependerá del paciente y su situación de salud; de igual manera sucede con las terapias intensivas”, repuso Antonio Soler.
Recalcó que no es simple oposición a la medida gubernamental, sino una solicitud para que sea de forma concertada y bilateral, no una imposición sin escuchar razones de fondo que pueden llevar al fin de las clínicas y por ende de la posibilidad de que cada invididuo pueda escoger el sitio en dónde será atendido su problema de salud.
En bancarrota
En cuanto al sector público, Rondón estableció que el Ministerio de Salud no cuenta con un análisis de costos de lo que entra y sale, ni siquiera conocen cuánto cuesta una día de hospitalización, entre otros rubros, y de allí que siempre los presupuestos sean insuficientes. Aseguró que la salud pública está en bancarrota.
“Antes en los hospitales se cobraba por la atención de algunos servicios, eso iba a un fondo para la autogestión, de manera que los centros podían reinvertir los ingresos, al menos funcionaba y las condiciones de las instituciones de salud eran mejores”, estimó Rondón.
En el gobierno de Rafael Caldera fue eliminado por completo dicho cobro, sin embargo, una gran parte de los pacientes cuentan con seguros privados, que podrían pagar el costo de los servicios que presta el Hospital, pero no es así.
Atienden todas las urgencias
“Es mentira que en las emergencias de las clínicas privadas llega una persona con una urgencia y no lo atendemos, siempre le brindamos la atención y estabilización necesaria. Muchas veces no pagan, y deben ser referidos a otro centro de salud cuando su vida está fuera de peligro, es una constante en nuestras instituciones”, expresó Antonio Soler, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales en el estado Lara (AVCH).
Ahora bien, cuando el paciente no tiene una urgencia se le pide la malnombrada clave, según explicaron los propietarios de las clínicas, porque muchas veces los seguros no pagan, bien porque no consideran que fue una emergencia o porque tardan demasiado en cancelar a la institución.
“Según uno de los estudios presentados, sólo un 5% de las aseguradoras pagan en los primeros 30 días después de la atención médica; del 30 al 35% cancelan entre 60 a 90 días; y el resto tarda más de 120 días en la cancelación de los servicios. Las instituciones públicas que llevan sus propios seguros de salud son quienes tardan más, incluso hasta un año”, detalló Soler.
Calculan una deuda entre 400 a 500 millones de bolívares a las clínicas privadas.
Cumplir con las normas
Juan Alberto Rondón habló además de la construcción y ampliación de obras en hospitales y ambulatorios del sistema público de salud.
“Vemos cuando inauguran estos servicios, que no cuentan con las normas Covenin que exige la legislación venezolana en cuanto a las edificaciones hospitalarias, sin embargo, ellos no son auditados. En cuanto a las clínicas, nosotros debemos cumplir al pie de la letra cada normativa, y así lo hacemos. Eso también tiene un costo mayor”, explicó Rondón.
Amenazas de cierre
Con la publicación de la gaceta oficial, no están claras las sanciones que recibirán los dueños de las clínicas que incumplan con la tabla de costos estimada por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Se rumora de multas y también han amenazado con el cierre de las instituciones de salud. Hasta la fecha no existe información al respecto que puedan ofrecer los organismos oficiales.
Fundaciones para el pueblo
Casi todas las clínicas grandes, quizás las clasificadas como número 1, cuentan con fundaciones para apoyar a los pacientes con pocos recursos económicos, bien sea con exámenes, procedimientos médicos o cirugías.
En la Clínica Santa Cruz cuentan con la Unidad de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), gracias a la cual realizan asistencia a comunidades a través de programas de salud, para vacunación, consultas oftalmológicas, entre otras ayudas que solicitan los propios consejos comunales de la zona.
Cuando en hospitales o ambulatorios públicos requieren exámenes u otros procedimientos, las clínicas le prestan el servicio a un costo más bajo, según indicó Rondón.
“Debemos ver al paciente como un sujeto, no un objeto, un ser humano al cual satisfacer sus necesidades, de manera cordial, expedita y segura”, precisó Rondón.
Plan de la Patria: Sistema Único de Salud
Denuncias de pacientes que fueron maltratados en clínicas privadas, sumado a las investigaciones que demuestran el cobro excesivo a pacientes que poseían seguro en contraposición a quienes no contaban con este contrato.
Así lo manifestó Daniel Montero Caón, médico, vocero de la Alianza Interinstitucional por la Salud (AIS) y asesor de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores del campo, comunas y la pesca.
Desde el año 2010 comenzaron a realizar una investigación sobre el gasto de los organismos públicos venezolanos en pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) de los seguros privados, de allí coincidieron en la creación de fondos autoadministrados de salud para hacer los trámites por sus propio medios, sin pagar intermediarios.
Montero Caón informó que se evaluaron costos, maltratos a pacientes y la usura presente en varios centros de salud.
“En el 2011 Hugo Chávez solicitó que representantes de la AIS se sentaran en las mesas de trabajo con miembros de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), con un primer acuerdo que fue publicado en marzo del 2012 sobre un baremo de aplicación para usuarios que vinieran de organismos públicos, aunque su aplicación fue realizada un año después”, explicó Montero.
Ahora bien, el médico de AIS señaló que la lucha posterior fue para aplicar este mismo baremo para todos los usuarios, no sólo para quienes laboren en instituciones del Estado, culminó con la publicación de la gaceta oficial número 40.196, donde se establecen costos máximos de ciertos procedimientos o atenciones médicas en las clínicas privadas.
“Cómo dicen ahora que fue inconsulto y que están en desacuerdo, si el mismo Hipólito García, presidente de la AVCH estuvo presente en la firma con la Ministra de Salud y el Vicepresidente”, se preguntó Montero.
Aseveró que esta gaceta es ley, por ende debe empezar a aplicarse de manera inmediata, y en caso contrario los usuarios pueden denunciar ante el Indepabis, según explicó.
“El objetivo no es la regulación de los precios de los servicios médicos en las clínicas, sino la creación de un Sistema Único de Salud, con su respectiva unificación, para acabar con la descentralización que traído variedad de formas de administración, actuación y ejecución de políticas sanitarias. Debemos desmontar las estructuras neoliberales”, precisó.
En países del primer mundo como Inglaterra y Canadá tienen un modelo de centralización de la salud exitoso, donde la Seguridad Social a sus habitantes también está garantizada.
“En Venezuela tenemos más de 400 regímenes distintos de salud, algunos gerenciados por gobiernos regionales o municipales, otros por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme), Barrio Adentro y otros”, expresó Montero.
Con relación al Ipasme dijo que sólo un 50% funciona, por lo cual no se les retribuye a los educadores en calidad de servicio el aporte que hacen.
Resaltó que cada una tiene un presupuesto asignado, porque no existe un sistema que organice y agrupe las políticas públicas de salud, donde el énfasis no sólo se encuentre en la curación de enfermedades, sino en la prevención, incluso al tomar en cuenta condiciones laborales que pueden traer complicaciones orgánicas a los trabajadores, entre muchos otros aspectos.
“Han satanizado la centralización, pero lo que realmente hará será unificar las políticas de salud, como la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda, con ejemplos exitosos como el brasileño, canadiense o el británico”, reiteró Montero.
Clínicas y aseguradoras
Según un mismo estudio de la AIS, un 75% de los ingresos de las clínicas durante el año 2012 fueron cancelados por el Gobierno Nacional, a través del pago de las pólizas de Hospitalización, Cirugías y Maternidad (HCM), en un monto que ascendió a 27.605.647.000 bolívares, de los 36.765.027.000 que ingresaron en total.
“Además existen diferencias entre los montos que cubre cada una de las pólizas, poniéndole precio al individuo, sin procurar un trato igualitario”, dijo Daniel Montero.
Entre las investigaciones que realizó la AIS también demostraron que presupuestos realizados a personas que poseían algún tipo de seguro privado, con relación al mismo solicitado por un individuo que pague por sus propios medios, demostraban una diferencia de casi el 50%, cuando lo solicitado había sido el mismo procedimiento, clínica y día de petición.
“Allí es cuando demostramos la especulación de las clínicas, porque no son las aseguradoras, sino las instituciones de salud que elaboran el presupuesto abultado para obtener mayores ganancias”, informó Montero Caón.
Ante cualquier reclamo sobre costos excesivos en clínicas o maltratos por parte del personal de salud, el representante de la AIS declaró que pueden llamar al 0800-Reclamo o colocar la denuncia de forma directa al Indepabis.
“No mientan, si las clínicas no fuesen negocios rentables no existieran”, declararon.
Alianza Interinstitucional de Salud (AIS)
En los resultados del I Encuentro Nacional contra la privatización de la salud y II Encuentro de delegados y delegadas de prevención de las instituciones que conforman la Alianza Interinstitucional de Salud (AIS), se obtuvieron varias conclusiones a partir de investigaciones realizadas por dichos entes.
La AIS surgió en octubre de 2010 producto de la confluencia del pensamiento crítico y la lucha de los trabajadores de diferentes instituciones del Estado, con el objeto de normar hacia el interés público la actividad privada en salud, para contener los costos especulativos, reducir la transferencia de fondos públicos al sector privado y para garantizar el uso racional de estos recursos en un sector que no tenía reglamentación alguna.
Según el texto que presentaron al término del encuentro, la alianza recibió las quejas y denuncias planteadas por los beneficiarios, relacionadas con la mala prestación de servicio y los altos precios que imponen las clínicas privadas cada vez que acuden por un servicio.
Lo anterior conllevó al diseño y desarrollo de un proceso de investigación y a la conformación de un Plan de Acción que busca, además de mejorar la calidad de la atención y prestación de los servicios de salud, regular los precios a través de estrategias de coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre las diferentes instituciones que conforman la AIS.
“Es de señalar que en Venezuela, al igual que en América Latina la prestación de los servicios de salud fueron fragmentados, descentralizados y privatizados produc to de las políticas neoliberales implementadas en los años 80 y 90, lo que conllevó a la aparición de pólizas de HCM y FAS. Esta visión segurista se estableció sin ningún tipo de mecanismo de regulación y control, lo que produjo un franco deterioro de los servicios y priorizó la lógica de la salud como mercancía, facilitando y naturalizando absurdos e ilegales conceptos administrativos para el cobro, que sólo busca el beneficio económico a través de la especulación y los sobreprecios”, establece el texto final.
