El concejal Daniel Orellana, presidente de la comisión de Servicio Público, Transporte y Tránsito del Ayuntamiento de Palavecino, realizó este sábado una visita al mercado itinerante en la Calle 9 de La Mata, Cabudare, para conocer de primera mano una problemática que estaría afectando a los comerciantes informales que allí operan.
Refirió que desde el 2008 existe la ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, pero nunca había sido aplicada.
“Pero desde que el Sundde y la Fuerza Armada tomaron el Mercado Mayorista de Barquisimeto, algunos funcionarios asignados al procedimiento se han dedicado a extorsionar a los comerciantes informales que operan en los mercados de los miércoles y sábado en Cabudare”, señaló.
Explicó que cuando estos intentan salir de Mercabar con los alimentos adquiridos para distribuirlos en los alrededores del estadio de béisbol y La Mata, los funcionarios les detienen y ordenan entregarles guías de movilización y registros de comercio y quien no los presenten, la mayoría, “son bajados de la mula”.
Orellana se preguntó: ¿Cómo van a tener esas personas guías de movilización o registros de comercio si llevan años trabajando el comercio de manera improvisada, algunos días a la semana, además de que nunca antes se los habían exigido?
Dijo que, ante la gravedad del problema que confrontan esos más de 200 madres y padres de familias, la municipalidad estudia la posibilidad de elaborar un reglamento local que sirva como permisología para que puedan seguir operando y desaparesca la permanente amenaza de ser víctimas de extorsión o vacunas por parte de los funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos o la Fuerza Armada Nacional destacados en Mercabar desde que este centro de acopio fue intervenido.
Como contraparte, los comerciantes informales se comprometen a aprobar normas que permitan la reorganización de ambos mercados populares, fijando horarios de funcionamiento, estacionamientos y servicios sanitarios acordes con las necesidades.
“Nosotros colaboramos con ellos creándoles la permisología necesaria para seguir funcionando y ellos contribuyen adoptando las medidas que permitan la terminación de la anarquía que allí estaría imperando por falta de un reglamento de funcionamiento que les beneficie a ellos y a los compradores”, afirmó Orellana.
