Cuando escuché las declaraciones hechas por Nicolás Maduro respecto a la cancelación de las viviendas asignadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, me llamó la atención que el gobierno cobrara un inmueble que otrora fue asignado a las familias más necesitadas y damnificadas, como un programa social gratuito.
Esto es un reflejo fehaciente de la crisis económica que atraviesa en los actuales momentos el país, la cual podemos evidenciar, por el desabastecimiento de los rubros de la cesta básica y la carencia de divisas que no permiten retroalimentar el sistema económico que genera la producción de artículos demandados por la colectividad.
A pesar, de la bonanza petrolera y el ingreso per cápita que debería garantizar al pueblo venezolano una mejor calidad de vida, la situación económica que vive el país en general es deprimente y puede desencadenar en hechos lamentables para todos. Es notable señalar que de acuerdo al crítico escenario económico que presenta el país, este tipo de programa de adjudicación de viviendas, no se puede seguir implementando de manera gratuita. Por lo que estoy de acuerdo que las familias beneficiadas, deben cancelar dichas viviendas en la medida de sus posibilidades a través de pequeñas alícuotas, para que en un futuro sientan con satisfacción que la obtención de su título de propiedad, se debe al esfuerzo mancomunado de su núcleo familiar y no a las dádivas del estado.
Puesto que las familias favorecidas son humildes, de bajos recursos y atraviesan situaciones precarias que le impiden adecuarse satisfactoriamente a sus necesidades, el gobierno debería prestarle a dichas familias, la ayuda necesaria a través de programas de capacitación, que le permitan generar los recursos para honrar los compromisos adquiridos, entre otros, el pago de las viviendas. No debemos olvidar que un país se construye con trabajo, valores, principios y es fundamental que a las personas se les enseñe a pescar antes que acostumbrarlas a darles el pescado.
Beneficiarios Vs. cancelación
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