Siete Polilaras privados de libertad por trato cruel

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para siete oficiales de la Policía del estado Lara por presuntamente incurrir en trato cruel en perjuicio de un hombre de 33 años de edad, hecho ocurrido el 9 de julio en el sector Pueblo Nuevo, municipio Iribarren del estado Lara.

El fiscal 21º de la referida jurisdicción, Carlos Arturo Muñoz, imputó a los oficiales Cristopher Federico Gómez (23), Carolina Ortega Cruz (26), José Fernando Colina (27), Josbel José Montiel (22), Juan Carlos Gómez (23), David José Gil (25) y Jhonson Montilla Amaro (23) por la presunta comisión de los delitos de trato cruel, extorsión agravada y privación ilegítima de libertad.

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Todos los delitos están previstos en las leyes para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; contra el Secuestro y la Extorsión, así como el Código Penal.

En ese sentido, el Tribunal 4º de Control de Lara, con fundamento en los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, dictó la medida privativa de libertad contra los siete policías y fijó como sitio de reclusión la sede de la comandancia general de la policía.

En horas de la tarde del citado día, la víctima se trasladaba en su vehículo por el referido lugar cuando fue impactado por una motocicleta en la que iba uno de los hoy imputados.

En ese momento, el funcionario policial solicitó apoyo a otros compañeros de trabajo a través de un radiotransmisor, razón por la que se acercaron de manera inmediata y obligaron al hombre a conducir su automóvil hasta una casa abandonada en la calle 9 con carrera 2 de Pueblo Nuevo, la cual fue asignada para la instalación de un modulo policial. Allí la víctima fue detenida y objeto de torturas: supuestamente lo golpearon con un bate y le aplicaron corriente, según las versiones dadas.

A las 11 de la noche de ese día los funcionarios dejaron en libertad al hombre y le solicitaron la cantidad de un millón bolívares para devolverle el vehículo.

Por tal motivo, la víctima denunció la situación en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana.

Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y en virtud de varias órdenes de aprehensión solicitadas por el fiscal y acordadas por el referido tribunal de control, los siete oficiales fueron aprehendidos el pasado 6 de agosto.

Por este hecho uno de ellos continúa prófugo de la justicia. Se trata de Miguel Ángel Álvarez (23), quien se encuentra solicitado a nivel nacional.

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