Ante la escasez de insumos, el Vicepresidente Ejecutivo y Ministro de Agricultura explicó en febrero del presente año, que la falta de insumos en Agropatria se debió a la compra excesiva por parte de los productores. En el pasado, Agroisleña no presentó tales problemas. “Antes siempre había de todo”, afirmó el productor agropecuario, Miguel Cordero.
A nivel nacional se ha conocido extensamente el caso PDVAL. Miles de toneladas de alimentos podridos aparecieron en galpones, barcos, y conteiners, los cuales tuvieron que ser incinerados.
Mercal, por su parte, no cubre más del 10% de la demanda del país, mientras que en el pasado alcanzaba aproximadamente 17%, dijo Albornoz. En Santa Inés, en el Matadero de la alcaldía del municipio Urdaneta, descansan en su interior perros y gallinas los fines de semana. El servicio público que despacha la carne a todo el municipio, se encuentra en condiciones altamente deterioradas y antihigiénicas.
A la población se le ha prometido la sustitución de la estructura, no obstante ésta “lleva años esperando” la respuesta del gobierno, explica Antonio Faneite.
La producción privada está “quebrada” y las empresas gubernamentales como Agropatria, Pdval y Mercal presentan una situación similar, bien sea escasez, alimentos descompuestos o no cubren la demanda alimentaria nacional. La gran mayoría de los productores asume que estas son políticas dirigidas para “acabar” con ellos y las empresas privadas, a la vez de monopolizar todo el poder productivo del país. No obstante creen que existe un trasfondo agregado, evidente tras la aparente anarquía.
“¿Quiénes ganan? Los que manejan un dólar de un valor de 4,30 $ y unas divisas preferenciales que se convierten en enormes y jugosas ganancias a través de los negocios cambiarios” sentenció el vocero agrícola de la MUD.
Fernando Deibis, por su parte, recalca que “Los productos importados son comprados de baja calidad o en pequeñas cantidades, los importadores inflan las facturas y ganan mucho dinero en comisiones”, por ejemplo, el maíz importado de Estados Unidos es de tercera y cuarta categoría, Deibis no cree que la calidad de los alimentos sea la primera prioridad de los importadores. Apunta que muchos de los tractores importados de Irán, Bielorrusia y Argentina están actualmente dañados, pero agrega que “lo importante para ellos (los funcionarios importadores) es que se están forrando los bolsillos”. Y si no son las importaciones, son las exportaciones “que no paran” a los anaqueles de los mercados nacionales, sino que se desvían ilegalmente por los “caminos verdes” en las fronteras con Colombia y Brasil.
“La verdad es que somos sujetos electorales. Porque la realidad electoral prima por sobre lo productivo. Porque ellos (el gobierno) van movilizando y monitoreando sus políticas de acuerdo a las necesidades electorales que tengan en su región. Fíjate que este año las expropiaciones de tierra no han sido tan contundentes como en otros años. Pero ya verás lo que va a ocurrir de nuevo con las tierras en el 2013 si gana Chávez. Yo no hablo como político, hablo como productor agropecuario” afirmó Albornoz.
La Constitución se ha violado
En el año 2009, el ministro de Agricultura, Elías Jaua, afirmó que las llamadas expropiaciones no eran tales, sino “un rescate”, porque eran terrenos de la nación. Albornoz argumenta por su parte, que “este gobierno ilógico coloca a los productores a buscar una información de 250 años atrás”, para probar que la tierra que produce es su propiedad. “Esas son las cosas que uno ve que no se corresponden con un país justo”. ¿Y quién es la nación? “La nación somos todos, pero habría que preguntarle al gobierno, quién es la nación para ellos” responde el vocero agrícola de la MUD. Si bien el gobierno no admite haber cometido expropiaciones, a algunos productores agropecuarios se les ha pagado su tierra. Los rescates no se pagan al menos que sean expropiaciones. Según el artículo 115 de la Constitución, las mismas se justificarían ‘sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes’”. El punto álgido es definir quién decide lo que es de utilidad pública o qué tierras están ociosas, comenta el abogado y productor agropecuario. El artículo 40 de la Ley de Tierras y Desarrollo agrario reza que “si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra, deberá oponer razones que la asistan”. El abogado Miguel Soto explicó que esta ley no se aplica.
“En Yaracuy a un gran productor le quitaron tierra que era propiedad de él. Él se aseguró de contactar a técnicos, buscar pruebas, testigos. Pero a pesar de que él estaba blindado y presentó todas las necesarias que lo acreditaban como propietario de la finca, ahora no puede siquiera entrar a su tierra. No ha tenido juicio ni respuesta del gobierno”. El INTI expresa claramente en sus objetivos estratégicos el liderar la lucha contra el latifundio. Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el latifundio es toda porción de terreno rural, ociosa o inculta, que exceda las 5.000 hectáreas, “pero la mayoría de las haciendas expropiadas no sobrepasan ni siquiera las 1.000 hectáreas”, señala Soto. La hacienda El Capitán, grande pero enteramente productiva, desde sus inicios fue pionera en su programa de inseminación artificial bovina en la década de los 50, que a la vez estuvo a la vanguardia de su tiempo al asfaltar sus carreteras, puentes y ataja ganado, así como en ser la primera del estado Zulia en construirse vaqueras techadas con piso encementado. El artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad.
“Todo productor agropecuario debería sentirse protegido, pero no es el caso” agregó. “Si las tierras son de todos, no son de nadie. Obviamente cuando se mira el modelo de la ideología marxista, este no reconoce la propiedad individual. Pero esta concepción no está contemplada en nuestra Constitución, la cual han violado y se hacen la vista gorda”, finalizó Soto.
La solución
“Presidente, déjenos hacer nuestro trabajo, esa es la solución” finalizó Fernando Deibis. Desde su visión de futuro, Carlos Eduardo Albornoz afirma que “estamos claros en lo debemos hacer. ¿Qué necesitamos los productores? Seguridad personal, jurídica y económica, propiedad, rentabilidad, que reduzcan las importaciones en apoyo al productor nacional, financiamiento de manera oportuna, insumos oportunos y buena oferta. Esto se traducirá en acciones cuando tengamos esas herramientas para poder tener confianza y fe en nuestra actividad”.
En la asamblea anual de Fedeagro, celebrada el pasado mes de abril, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios expuso su propuesta agrícola para reactivar la agricultura.
Entre los puntos planteados resaltan el garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad de bienes y personas en el sector rural; mientras que propone que los procedimientos de adquisición o rescate de tierras deben realizarse apegados a los principios y normas constitucionales; el establecer un conjunto de reglas para la formación de los precios internos que estimulen el desarrollo agrícola, basadas en el reconocimiento de las estructuras de costos de producción de los rubros agrícolas, su vez como garantizar condiciones mínimas de rentabilidad que permitan el desarrollo del sector agrícola.
Fedenaga por su parte también planteó su propuesta, asegurando que se podrá elevar hasta el 20% la inversión privada sobre el PIB, así como la capacidad productiva de las empresas de 52% a 70% en un plazo de tres años.
En varios estados diversos gremios de medianos y pequeños productores agropecuarios también preparan sus ideas.
“Si tenemos un ambiente favorecedor, vamos a dar una respuesta a corto plazo. Esas 400.000 personas, trabajadores del campo, estamos impacientes de hacer nuestro trabajo, de hacer lo que sabemos hacer”, concluyó Carlos Eduardo Albornoz, vocero agrícola de la MUD.
Chávez y yo nos entendimos
Un funcionario que fue muy cercano al actual jefe de Estado recuerda que “Chávez y yo no nos entendimos. Él sabe dar órdenes, pero no escucha a nadie. Por ejemplo, en una reunión discutíamos sobre el rubro azucarero. El precio del azúcar estaba regulado y el presidente Chávez quería agregarle el IVA. Yo le expliqué que esa medida no se podía tomar porque quebraría a las centrales azucareras.
Los ministros estuvieron de acuerdo conmigo. Pero él respondió: ‘que quiebren’. Yo le insistí que ese era uno de nuestros rubros bandera, pero me miró, me dio la espalda y se fue.
Fotos: Rebecca Roggen
