Como un gran primer paso calificó la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, la aprobación en Primera Discusión de la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública en la sesión de este jueves.
Indicó que este instrumento legal, que ahora será sometido a consulta pública, servirá para revertir la situación de opacidad que actualmente caracteriza a toda la administración del Estado.
“La aprobación de este proyecto significa que estamos a pocos pasos de obtener una ley que sea un instrumento que nos permita acceder a toda la información de todo el sector público, que pertenece a todos los ciudadanos y que actualmente se encuentra totalmente a oscuras, en secreto y opaca”, manifestó Freitas a EL IMPULSO.
La directora de la organización no gubernamental destacó que a partir de este martes Venezuela dejó de ser, junto a Cuba, el único país de Latinoamérica que no contaba con una ley de transparencia aprobada o en discusión.
Entre las consecuencias de su promulgación, señaló que se avanzará no sólo en garantías consagradas en nuestra Constitución, como el derecho a la participación ciudadana y contraloría social, sino además en aspectos fundamentales del saneamiento institucional como lo son la lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico y el abuso de poder.
“Es un paso fundamental en la creación de un sistema democrático en Venezuela”, resaltó la activista.
Revisión
Transparencia Venezuela fue una de las organizaciones de derechos humanos que participó activamente en la redacción del proyecto de ley, basado en el seguimiento y observación que ha tenido esta ong sobre el fenómeno de la corrupción en el país. Su presidenta señaló que el proyecto fue revisado a la luz de la ley modelo de la Organización de Estados Americanos y de las resoluciones de organismos internacionales más novedosas en el tema de acceso a la información.
Freitas indicó que la Ley de Transparencia permitirá poner la lupa en todos los niveles de la administración pública tanto en su dimensión vertical como horizontal. Esto significa que «son sujetos los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, así como al gobierno nacional, regional, municipal y órganos comunales. Es decir, todas las instancias de carácter público o privado que reciban, manejen o decidan sobre lo público, con recursos públicos», recalcó.
En cuanto a la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, en sentencias de carácter vinculante que han limitado el derecho constitucional al acceso a la información, la especialista recordó que el proyecto de ley aprobado contempla la creación de un órgano garante de su aplicación, “que tendrá que resolver eso”.
Entre lo privado y lo público
La reserva de información clasificada como susceptible de afectar la seguridad de la nación, es un concepto revisado en el instrumento legal, manifestó De Freitas.
La declaración jurada de bienes a la que están obligados los funcionarios públicos de alto nivel, y el derecho de todos ciudadanos a exigir a cada uno que explique la procedencia de su capital, es otro de los más trascendentes. No se puede justificar su reserva alegando el derecho a la privacidad personal.
“Los funcionarios públicos tienen otras consideraciones distintas, porque estas personas tienen la responsabilidad de manejar nuestros recursos y por lo tanto la información sobre estos debe ser accesible para todos los ciudadanos. Es así en el ámbito internacional, y por eso las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción dicen que hay que publicar la declaración jurada de patrimonio, bienes e intereses”, resaltó la directora de Transparencia Venezuela.
