La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha posicionado a Venezuela en el nivel 5 del Índice Global de Derechos (IGD) 2025, una categoría que agrupa a los países donde no existen garantías para que los trabajadores ejerzan libremente sus derechos. Esta clasificación confirma el patrón de represión y criminalización de la actividad sindical que se ha observado en la nación.
Según el informe, el país continúa inmerso en un ambiente donde la persecución a sindicalistas, las detenciones arbitrarias y las condenas bajo cargos falsos son una práctica común. El IGD 2025 señala que el sistema judicial es utilizado para perseguir a trabajadores organizados, con sentencias sin el debido proceso.
Esta situación no es nueva. En 2024, la CSI ya había advertido que en Venezuela las detenciones arbitrarias de sindicalistas se habían vuelto habituales, y que cuerpos de seguridad del Estado realizaban allanamientos en sedes sindicales para sustituir a sus líderes por personas afines al Gobierno. Venezuela fue mencionada junto a Belarús, Camboya y Myanmar como un país donde estas prácticas son sistemáticas y carecen de control institucional.
