El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sancionó unas polémicas enmiendas legislativas en materia antiterrorista, según confirmó el jueves su portavoz. Las medidas han sembrado la alarma entre los activistas de derechos civiles.
Las enmiendas aprobadas el mes pasado por el Parlamento contemplan penas de prisión por no informar de un delito grave y multiplican por dos la cantidad de delitos por los que puede procesarse a los rusos a partir de los 14 años. Otra cláusula obliga a las firmas de telecomunicaciones a almacenar los registros y datos de sus usuarios durante meses, una medida que amenaza con devorar los beneficios de las empresas del sector.
En una aparente concesión al descontento sector, Dmitry Peskov dijo a la prensa que Putin también había firmado un decreto que da instrucciones al gobierno de que supervise, y en caso necesario modifique, la ampliación de las enmiendas a la luz de posibles «riesgos financieros».
«El gobierno vigilará de cerca cómo se aplica esta ley, y si se descubren consecuencias desagradables, el presidente pedirá (al gobierno) que tome medidas», indicó.
La enmienda que más oposición encontró en el sector empresarial obligará a las operadoras de telecomunicaciones a almacear los registros de llamadas durante 12 meses y los datos de llamadas y mensajes durante seis meses. Las empresas han afirmado que esto supone 100.000 veces los datos que guardan ahora, y que organizar y mantener el sistema requerirá más de 33.000 millones de dólares en inversiones. La ley original requería que las compañías guardaran los datos durante varios años.
