Refugios

El 18 de enero del año pasado, tres meses después del inicio de las vaguadas ocurridas en noviembre de 2010, el Presidente, mediante Ley habilitante, promulgó el Decreto Ley para los Refugios Dignos.
Esta Ley buscaba atender la emergencia nacional de más de 130 mil personas que perdieron sus hogares y enseres a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron al país durante los dos últimos meses de 2010.
Las tragedias de Vargas en 1999 y en otras zonas del país, en 2005, dejaron una serie de lecciones muy importantes, una de las cuales estaba referida a la necesidad de construir muchos centros de refugios considerando el mapa de vulnerabilidad del país; sin embargo, en los siguientes 12 años de gobierno nada se había hecho al respecto, más que construir cuatro albergues en toda Venezuela, todos ellos con un diseño muy pobre y sin reunir las condiciones adecuadas que requiere un refugio para ser usado masivamente en caso de catástrofe.
Frente a la contingencia natural y dada la inexistencia de refugios aptos, el régimen, comenzó a ubicar a los damnificados improvisadamente en escuelas, dispensarios y galpones desocupados o expropiados. Como tales recintos no reunían las condiciones mínimas necesarias para alojar familias y dado que las clases comenzaban en enero, pronto el gobierno se vio en serios aprietos y tuvo que improvisar otra vez.
Las oficinas públicas fue el siguiente destino de los damnificados, para posteriormente intervenir los hoteles y obligarlos a aceptar a los damnificados en sus instalaciones. Este era el marco en el cual se promulgó la Ley de Refugios.
El Presidente, en cadena nacional, expuso que el propósito de dicha Ley era: “Convertir al refugio en una institución del Estado Social de Derecho y Justicia, un recinto para la armonía y la convivencia de las personas alojadas en un ambiente digno y humano, no en un espacio de supervivencia».
Dijo que los refugios debían mantener condiciones básicas para que las familias se sintieran cómodas, además de generar las condiciones necesarias para el cuidado respetuoso y amoroso de quienes más lo necesitan.
El Ministerio del Ambiente tendría como responsabilidad el mantenimiento de las buenas condiciones en los refugios, la potabilidad del agua, mientras que el Ministerio de Salud se ocuparía de examinar a las familias. Un “padrino” sería el responsable del refugio.
Desde el segundo semestre de 2011, cada mes, se suceden más de 160 protestas por reclamos de vivienda, la mayoría de ellas protagonizadas por los residentes de los refugios, lo que indica que las aspiraciones presidenciales y el contenido de la Ley, fueron un fraude total.
Hoy, 16 meses después, los refugios que al inicio semejaban cárceles por el rigor de los custodios, hoy se parecen más a una comunidad desprotegida (salvo los que se ubican en oficinas públicas), que sin el resguardo necesario reproduce todos los males del barrio: venta libre y consumo excesivo de licor; tráfico de drogas, fiestas hasta altas horas de la noche, peleas y enfrentamiento entre vecinos, agresiones, violaciones y asesinatos.
El refugio de La Rinconada es una muestra palpable de ello. Ahora la obligación de quedarse para tener derecho a una futura vivienda, no ata a los damnificados a su refugio; la necesidad de conservar la vida hace que se pierda la esperanza de poder tener acceso a una futura vivienda. Lo otro es que también ya tienen la convicción de que esa promesa es otra mentira más del régimen.